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Las potestades administrativas en el ámbito tributario han determinado un esquema de liquidación y una haz de competencias legislativas que hacen del contribuyente el motor de la aplicación del sistema fiscal. Un recurso excesivo al procedimiento sancionador y una creciente litigiosidad se han enseñoreado de un marco de relaciones cada vez menos viable y antieconómico, además del enorme coste que en seguridad jurídica todo ello comporta.