El arbitraje inmobiliario busca ser una solución extrajudicial "rápida, económica y justa" ante conflictos de alquiler

Los ponentes de una de las mesas redondas de la IX Jornada de Arbitraje Inmobiliario

Por Alberto Orellana

En unos días se cumplen diez años de la creación por la Comunidad de Madrid del Consejo Arbitral para el Alquiler. Un órgano colegiado de carácter "técnico y consultivo que a través de la mediación ofrece soluciones rápidas, económicas y justas -y extrajudiciales- en casos de discrepancia entre arrendador y arrendatario". El viceconsejero de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, Antonio López, inauguraba así la IX Jornada de Arbitraje Inmobiliario, celebrada este jueves en el Canal de Isabel II de Madrid.

Bajo la tutela del profesor del Centro de Estudios Financieros, CEF.-, Juan Ramón Montero, el acto aproximó el arbitraje como una de las 'Alternativas eficaces para fomentar el mercado de alquiler'. Junto al también presidente del Consejo Arbitral, diferentes abogados, asesores y por su puesto árbitros, a los que UDIMA Media tuvo la oportunidad de entrevistar. Además, la jornada contó con la participación de Nazareth Romero, árbitro y miembro del profesorado de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA.

Romero disertó junto a sus compañeros de mesa la posibilidad de que el arbitraje actúe de forma institucional en materia arrendaticia. La respuesta fue unánime: Sí, puede y debe haber una vía arbitral institucional para solventar conflictos entre arrendador y arrendatario. Y es que, según citó del Tribunal Constitucional (ST 9/2005), el arbitraje "está basado en la libertad, el derecho a la dignidad" y el derecho de la persona a su "autonomía y capacidad de decisión".

Es decir, debe consistir en una vía más para resolver conflictos arrendaticios de manera eficaz, transparente y al servicio de la sociedad, según explicó la árbitro. Pero sobre todo teniendo en cuenta la figura del "árbitro y la administración del proceso arbitral", añadió Romero. En este sentido, la profesora del Máster Universitario en Práctica de la Abogacía de la UDIMA, quiso recalcar que "tenemos una ley consolidada" de arbitraje. Esto se debe a que es una norma "inspirada" en el modelo de la Comisión de Derecho Mercantil Internacional de las Naciones Unidas (CNUDMI).

Por tanto, lo que el Consejo Arbitral debe buscar, y en general todas las instituciones arbitrales, es reforzar la atracción de su actividad, según destacó. Y hacerlo desde una perspectiva que "imbuye de economía el derecho". Debe mejorarse en los costes de "transacción, producción y de oportunidad" frente a las resoluciones judiciales, explicó. Pues todos los operadores del arbitraje "vamos a asesorar a nuestros clientes para que valoren incorporar la cláusula arbitral", desgranó la letrada.

En opinión de Romero la solución arbitral "aumentará el bienestar social". Eso sí, siempre y cuando "no afecte al bienestar individual" y mejore "como mínimo a una de las partes". Todo ello "siempre sometido a la legalidad, orden público, seguridad jurídica y ética legal", desarrolló Romero.

Entre sus conclusiones, la árbitro recordó que el objetivo del Consejo Arbitral para el Alquiler es "mejorar la eficiencia y transparencia de los procedimientos de arbitraje". Tanto para los agentes de la actividad como para la sociedad en general. Todo ello dependerá de aspectos como el control del tiempo, los mencionados costes y compromiso e imparcialidad de los árbitros.

A nivel empresarial, Romero subrayó que la solución arbitral trata de "evitar el conflicto" -judicial- desde la "prevención" del mismo por parte de los abogados empresariales (internos o externos). Profesionales éstos cuyo papel se debe "redefinir" como el "colaborador necesario que evita costes reales" a la compañía "desde la anticipación del conflicto", apuntó. ¿Cómo? A través de "cláusulas escalonadas, delegando información a las partes...", comentó.

No obstante, como planteó Matilde García, "todavía se necesita mucha cultura y formación de arbitraje a nivel general en la sociedad" para demostrar sus tres ventajas en la práctica: "rapidez, economía y eficacia". La abogada del Estado recalcó que las empresas siguen viendo al arbitraje desde el prisma del "miedo al cambio", por lo que prefieren la vía judicial ante un conflicto. Con ella coincidió claramente el joven árbitro José María Figuerao. "Hay que crear una utilidad y hacérsela ver al potencial cliente", declaró el abogado.

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