Gómez Bermúdez, seguro de que los partidos no renunciarán nunca a elegir a los vocales del CGPJ

El magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez no cree que los partidos políticos renuncien alguna vez al “privilegio” de elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. En su opinión, “es una batalla perdida” plantear una reforma en este sentido.

“No creo que jamás los políticos se dejen arrebatar el privilegio de poder elegir a los vocales” del CGPJ, dijo, en declaraciones a la Universidad a Distancia de Madrid, para agregar: “Dicho esto, no quiere decir que los vocales sean dependientes de los partidos, pero sí tienen una afinidad ideológica clara, y como no ejercen jurisdicción, pues los vocales son una especie de órgano político de gobierno de los jueces”.

En este contexto, reconoció que los vocales que componen este órgano “tienen cierta tendencia a dejar claramente su ideología en su actuación”, aunque se apresuró a aclarar que ello “no quiere decir para nada que sigan instrucciones. Esto son dos planos que se confunden con mucha frecuencia”, precisó, para remachar: “No creo que sigan instrucciones, pero sí creo que su afinidad ideológica les vuelve hacia una determinada tendencia”.

Por otra parte, preguntado por la repercusión generada en la sociedad por los miles de desahucios ejecutados en los últimos años, Gómez Bermúdez se congratuló de que al respecto “ha ocurrido un fenómeno que a mí me gratifica mucho, y es que el ciudadano ha conseguido que el juez se conciencie de que había que darle una solución, porque no se la daba el legislador en ese momento”.

Así fue como el titular del Juzgado Mercantil número 3 de Barcelona, José María Fernández Seijo, “interpreta la norma conforme a otra legislación, que es europea (…) interpretando la ley de forma que el proceso de ejecución hipotecaria es desigual, y partiendo de eso llega a la conclusión de que ese juicio así planteando (contra el ciudadano Mohammed Aziz) es nulo y de que no procede el desahucio”.

“Es decir”, concluyó, “el juez se contaminó de la conciencia social de lo que estaba ocurriendo” contra los desahucios “y eso es un fenómeno nuevo en España, porque hasta entonces los jueces dicen que la ley dice esto y no tengo más remedio que aplicarlo, hasta que ven el drama que estaba produciéndose y se plantean: esto no puede ser, aquí hay algo que no es lógico, que es que sin oír prácticamente las razones de que esa persona no ha pagado, no porque no quiera, sino porque no puede, sin darle oportunidad de defenderse prácticamente, le echo de su casa”.

Desde entonces, reiteró, “se creó una conciencia en los jueces que luego ha provocado una modificación legislativa y que va a provocar otra en defensa de los derechos de los ciudadanos”. “Porque”, en su opinión, “cuando uno pide una hipoteca la pide para pagarla, porque no quiere nadie que le echen de su casa y encima perder el dinero, y menos en España, donde no existe la dación en pago ni figuras alternativas”.

En relación con las reformas previstas por el flamante ministro de Justicia, Rafael Catalá, cuyo propósito es acelerar para que estén listas antes del próximo verano, Gómez Bermúdez opina destaca, por encima de otras, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, sobre todo, algo “importante, en cuanto que se va a regular la intervención de comunicaciones de una vez por todas de forma clara en la ley y no por vía jurisprudencial”.

No obstante, “otras reformas no me parecen en absoluto urgentes y creo que hay que hacerlas con mucha más calma”. Con todo, lamentó que el Código Penal “es la vigesimosexta reforma que padece” lo que, a su juicio, “no puede ser”, pues “no podemos reformar el Código Penal todos los años. No tiene ningún sentido”, enfatizó.

Acerca del funcionamiento del Jurado Popular en España, del que se reconoció partidario en un principio, enjuició ahora que, “siendo bueno en tanto que supone la participación de los ciudadanos en la administración de justicia, es malo en tanto en cuanto tenemos una ley que en realidad lo hace un jurado tutelado”

En este sentido, cuestionó que si al final las resoluciones del Jurado Popular son revisadas por los jueces “¿para qué gastarnos dinero y comprometer a la gente”. Para el magistrado de la Audiencia Nacional, de todos modos, el Jurado “es una institución absolutamente anacrónica”, entre otras razones, porque “la justicia no es una justicia no técnica, eso ya no existe, y en los países con tradición juradista, cuya base es que no había jueces en el territorio y alguien tenía que juzgar, la experiencia no es tan positiva como se cree”, y citó las frecuentes polémicas que generan en Estados Unidos determinadas decisiones de esta institución.

El valor de la presunción

Preguntado por cómo valora el actual tratamiento que se dispensa en los medios a la información relacionada con el mundo jurídico, señaló que “deberíamos empezar a fomentar el respeto por la presunción de inocencia a través de la información periodística para que el ciudadano entienda que un imputado no es un culpable, que hay diversas fases, que hasta que no haya un auto de imputación de un juez esa persona ni siquiera podríamos llamarla seriamente sospechosa”.

“Me parece que ese aspecto de formación de la opinión pública es importantísimo”, aseveró, pues, se lamentó, “espolvorear con la palabra ‘presunto’ las crónicas no sirve para nada: A mí me hace mucha gracia cuando veo en las noticias, por ejemplo en la televisión, que se dice ‘fulanito mató presuntamente a su mujer y se entregó’. ¿Presuntamente?, ¡pero si su mujer está muerta! No puede presuntamente haberla matado. Creo que es una excusa, o mejor dicho, una coletilla que no sirve para nada”.

Por último, apostó por repensar el actual modelo de comunicación en los órganos judiciales, tras afirmar que los gabinetes de prensa abiertos en los principales tribunales en el conjunto de España “no sirven en absoluto para controlar, más bien para descontrolar”.

“Como uno de los impulsores de que la Justicia tenía que abrirse al ciudadano a través de la prensa”, aclaró, “creo que los gabinetes de prensa son una buena idea, pero que está mal desarrollada” y, en este sentido, avisó, “el que el lenguaje jurídico con el ciudadano a través de los gabinetes sea mejor o peor va a depender de la calidad y preparación del jefe de gabinete y de sus colaboradores. De forma que es muy variable”.

Del mismo modo, añadió que el gabinete de prensa, como modelo en sí mismo, “es una mala idea desde el punto de vista de cómo está montada la industria periodística en España, que es privada y tiene que competir, y la consecuencia es que el protocolo de comunicación dice que se da todo a todos, de modo que el gabinete de prensa es un ahorro para las empresas periodísticas, porque es un señor o señora quien recopila las resoluciones y las da a todos los periodistas”. “En consecuencia”, finalizó, “cuando ese periodista, porque el medio se lo exige, tiene que competir, ha de buscar algo más, y eso que busca de más, porque todos tienen lo mismo, suele ser, digamos, información tendenciosa, manipulable y de lo malo”.