CRUE denuncia que la falta de financiación adecuada compromete a las universidades que asumen la cotización de las prácticas de sus alumnos

El pleno de la Asamblea General de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) ha abordado el impacto económico en las universidades de la cotización del estudiantado que realiza prácticas curriculares, en cuyo marco se puso de manifiesto que la falta de recursos y la imposibilidad de contratar efectivos por falta de una financiación adecuada ha agravado la sobrecarga de los actuales equipos de gestión de las universidades.

Redacción UDIMA Media/Comunicación CRUE

Porque, a pesar de que la Disposición Adicional 52 de la Ley General de la Seguridad Social indica que deben ser los empleadores los que asuman las tareas administrativas, en la práctica, por responsabilidad social, han sido asumidas por las universidades, recuerda la CRUE.

No obstante, reunidos en el Centro de Estudios Avanzados de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), en el que ha sido el primer acto formal de la CRUE al que asiste el nuevo rector de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, Eugenio Lanzadera, los rectores han agradecido la publicación de un documento de resolución de dudas por parte de la Tesorería de la Seguridad Social y han manifestado su confianza en que la experiencia vivida con las prácticas sirva para que se cuente desde el principio con las universidades y se enfoque correctamente la negociación del futuro Estatuto del Estudiante en Prácticas.

Otro de los asuntos que se han abordado en la Asamblea ha sido el de los acuerdos transformativos firmados en 2021 con las editoriales American Chemical Society (ACS), Elsevier, Springer y Wiley para pasar de un modelo de pago por suscripción que permitía leer y descargar artículos de estas editoriales a otro de pago por lectura y publicación en abierto que pretende hacer accesibles a la sociedad los resultados de los investigadores de las universidades españolas asociadas a CRUE o del CSIC.

En el pleno se ha informado de que, gracias a estos convenios, se ha aumentado el número de publicaciones científicas en abierto y se ha hecho, además, a un coste mucho menor al correspondiente sin los acuerdos. En concreto, por los 31.728 artículos publicados en abierto en el período 2021-2023, se habrían pagado 91 millones de euros más.

Así mismo, la Asamblea ha recordado al Gobierno central y comunidades autónomas la urgencia de que se cumpla lo que dispone la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) en materia de financiación de las universidades públicas y ha pedido “corresponsabilidad y lealtad institucional porque las universidades no pueden hacerlo todo solas”.

Las dificultades para poder aplicar la nueva ley universitaria sin disponer de la financiación pública adecuada han centrado buena parte del debate. En ese sentido, se ha vuelto a hacer un llamamiento para que Gobierno y comunidades autónomas alcancen un acuerdo urgente y comience a hacerse efectivo el incremento, como mínimo, del 1% del PIB nacional que debe alcanzarse de aquí a 2030.

La presidenta de la CRUE, Eva Alcón, ha manifestado que “la preocupación de las universidades es alta porque ahora mismo se están planificando los cursos académicos” y sin ese aumento de la inversión en la universidad pública, ha subrayado, es imposible que las universidades puedan reestructurar para el curso 2024-25 sus plantillas, de acuerdo con lo indicado por la ley.

Por último, la Asamblea ha designado, a propuesta de la presidenta de CRUE, a la rectora de la Universidad de Alicante y actual presidenta del Grupo de Trabajo de Financiación de la LOSU, Amparo Navarro, como nueva presidenta de la Comisión Sectorial de Gerencias.