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Dr. Javier Cabo Salvador
Director del Departamento de Gestión Sanitaria y Ciencias de la Salud de la UDIMA
El tercer Programa de Salud Europeo (3PSE), Salud para el Crecimiento 2014-2020 tiene como objetivos ser una herramienta para el crecimiento económico europeo y la creación de empleo y riqueza. De hecho el 3PSE se asienta sobre dos pilares fundamentales: el económico (con desarrollo de nuevos modelos de gestión que garanticen su sostenibilidad) y el sociosanitario (con potenciación de la equidad, la cohesión y la cooperación tanto entre los países de la Unión Europea, como en el interior de cada Estado miembro).
La estrategia de salud de la UE, marcada por la Comisión Europea para el desarrollo de este 3PSE, se basa en cuatro líneas estratégicas básicas:
Dentro de la mejora de la eficiencia de los sistemas sanitarios (SS), el 3PSE se inclina por el desarrollo de nuevas normativas encaminadas a la evaluación de las tecnologías sanitarias, (ligando la innovación del sector a su propia sostenibilidad, sin olvidar que de cara a la sostenibilidad el mayor reto existente es mantener una asistencia eficiente y de alta calidad), potenciando el desarrollo de las tecnologías de la información (TIC) en el terreno de la salud (eHealth, mHealth, uHealth) para mejorar la eficiencia y calidad de la gestión de los pacientes tanto agudos como crónicos, dentro de una UE cada vez más globalizada y localizada (“glocalizada”) e interrelacionada (interoperabilidad).
Así en un estudio reciente de PwC acerca del impacto económico de la mHealth en la UE, se afirma que un modelo de prestación de servicios sanitarios interrelacionados puede llegar a disminuir los costes en un 50%, siendo la estimación de ahorro para España con la mHealth de 10.000 millones de euros en el 2017.
Como vemos, el tema de la eficiencia y la calidad en los SS y organismos sanitarios es un tema actual y preocupante ya que el cuidado de la salud a través de proveedores públicos y privados es un sector industrial muy costoso. El EIU (Economist Intelligence Unit) estimó recientemente que el gasto en cuidados de la salud como porcentaje del PIB a nivel global rondaba el 10.5% a finales del 2014, con grandes variaciones entre zonas geográficas como Norteamérica con el 17.4%, Europa Occidental con un 10.7%, América Latina con un 8%, Asia/Australasia con un 6.6%, y el Middle East/África con un 6.4%.
En los países desarrollados, el gasto sanitario es el segundo más importante a nivel de gastos del Estado después de la protección social. El incremento de costes en los cuidados de salud es muy rápido, creciendo un 1.9% en el 2012, un 2.6% en el 2013, y con una media estimada del 5.3% hasta el 2017. Dado el crecimiento de la población esto significa que el gasto per cápita se estima que será de un 4.4% al año hasta el 2017. La esperanza de vida se proyecta también al crecimiento desde una esperanza de vida de 72.6 años en el 2012 a los 73.7 años en el 2017, con un porcentaje de personas mayores de 65 años superior al 10% de la población mundial (20% en la Europa Occidental y 27% en Japón). Desafortunadamente la elevación de costes no se correlaciona necesariamente con mejores resultados de calidad y a veces el mayor peligro para el paciente no es la enfermedad en sí sino el hospital donde se trate (cada año 1.7 millones de pacientes desarrollan una infección en los hospitales americanos y 99.000 mueren a causa de ello, suponiendo un coste de 30 billones de dólares anuales).
Por todo ello son necesarios nuevos modelos de gestión para el control de la eficiencia y de la calidad de los SS; el SS de un país lo componen el conjunto de entidades, organismos y recursos tanto humanos como estructurales, el conjunto de servicios sanitarios e instituciones públicas y privadas encargados de la producción de los servicios sanitarios, y sus interrelaciones entre ellos. Los SS son instrumentos operativos, la estructura articulada de recursos humanos y estructurales, que se crean, bien directamente (mercado liberal) o a través de los Gobiernos (mercado público), en los diferentes países para operar directa e indivisiblemente con los modelos sanitarios teóricos diseñados y planificados por sus gobernantes, a través de la legislación sanitaria.
En la mayoría de los países de la OCDE, la atención sanitaria y los sistemas sanitarios son considerados como parte del Estado del bienestar, entendiéndose la atención sanitaria y el cuidado de la salud como un bien social, con el consiguiente compromiso del Gobierno del Estado, en un mayor o menor porcentaje de participación, a garantizar un acceso adecuado a dichos servicios sanitarios. Para ello se requiere de la planificación y la asignación de manera eficiente y eficaz, en base a impuestos o a través de los presupuestos generales del estado, de los recursos económicos necesarios, (recursos susceptibles de un uso alternativo social) para la obtención de los niveles de salud demandados por la sociedad.
Otra característica importante de los SS, como vemos, es que a pesar de todo lo que ofrecen tienen una limitada capacidad de producir salud, ya que solo aportan un 11%, frente al 89% de capacidad que tienen la carga genética (biología humana), los estilos de vida y el medio ambiente (entorno); esto significa que no por invertir grandes cantidades de recursos en un SS, el nivel de salud de la población necesariamente aumenta en la misma proporción, sino que, paradójicamente, incluso puede disminuir.
Si queremos tener una estructura sanitaria que funcione de manera eficiente y con calidad, necesitamos tener una administración eficiente y tenemos que olvidarnos de las demagogias populistas y la “nueva” dialéctica “neoleninista”, y empezar a aplicar criterios estrictamente empresariales al sector público ya que la eficiencia y productividad debe de ser junto con la calidad el eje de la gestión sanitaria, sobre todo en los niveles más elevados y de mayor responsabilidad de la administración donde se toman decisiones de gran impacto económico y social con alcance a muy largo plazo. En estos niveles, la gestión del talento es un factor decisorio y un bien escaso con un precio en el mercado competitivo laboral muy elevado, y la administración pública debe de empezar a ofertar a estos niveles una retribución competitiva para no quedarse con dirigentes mediocres, de bajo perfil, y a bajo coste, con escaso “coste de oportunidad” en el sector privado.