El COVID-19: Una oportunidad para salir reforzados como país

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Parece que algunos expertos explican, cómo tras el punto de inflexión que marcó la manifestación del 8M, somos en estos momentos el país del mundo con más contagios por cada millón de habitantes (2.565), estando China, por ejemplo, en 59 contagiados por cada millón de habitantes y USA en 736. Ni siquiera Italia, primer país europeo en el que explotó el virus, supera a España, teniendo 1.997 contagiados por cada millón de habitantes.

Por el profesor Javier Collado Muñoz, economista e inspector de Hacienda del Estado

Somos un país compuesto por un pueblo maravilloso, estupendo y trabajador, cuyos profesionales (tanto de la empresa privada como del sector público) son valorados a nivel europeo e incluso mundial. Debemos aprovechar esta situación, no para lamernos las heridas, sino para convencer a nuestros dirigentes, de que debemos estar preparados ante futuros desafíos y hacer desde ya los deberes.

Esta vez ha sido un virus, en el año 2008 fue la crisis detonada por las altas finanzas, que también cogió en “pañales” a España, con un sector de la construcción hipertrofiado y con un “leviatán” público con exceso de grasa. Y dentro de un tiempo, podría ser otra circunstancia, y, espero, sinceramente, que para entonces nos encontremos mejor preparados, habiendo realizado las reformas necesarias.

¿Y cuáles son esas reformas?

La primera, y, más importante, es que no podemos seguir con un sistema electoral que no deje gobernar cumpliendo su programa electoral a quien gana las elecciones. Está bien que se puedan presentar a las elecciones generales todo tipo de partidos, sea cual sea su ideología, pero el resultado de ello no puede ser que cada vez que los ciudadanos vamos a elegir a nuestros representantes políticos, se produzca un enorme parón entre negociaciones, pactos y demás.

Se tendría que dejar, por tanto, que quien obtenga más votos, gobierne, bien a través de un sistema de circunscripción única donde una persona sea un voto o través de una doble vuelta,  de tal manera que el partido que resulte vencedor, tenga las manos libres para gobernar sin ninguna rémora y tomar las medidas necesarias que posteriormente los ciudadanos evaluarán y pasarán factura, o no, en las próximas elecciones.

Segundo, hay una serie de competencias, que como se está demostrando en esta crisis, tienen que ser gestionadas por el Gobierno central. A nadie se le escapa, que es un auténtico caos tener 17 tarjetas sanitarias con diferentes modelos de gestión que, entre otros motivos, nos ha hecho reaccionar tarde a la crisis del coronavirus. Lo mismo se predica de otras competencias esenciales de un Estado, como la educación y la justicia.

Tercero, es normal que las empresas (sobretodo pymes y autónomos) y las personas físicas asalariadas, vivan al día, dado que están ahogadas por un sistema impositivo monstruoso, en el que se llega al sin sentido que a una persona se le pueda pedir hasta un 50 % de los ingresos que genera en impuestos sobre la renta. Y con el otro 50 % restante aún tiene que pagar los impuestos al consumo (IVA e Impuestos Especiales), al ahorro (patrimonio, IBI), a la muerte (sucesiones), cotizaciones sociales a cargo del trabajador, etc.

Seguramente, por otro lado, esa persona, tenga luego que contratar una mutua sanitaria privada para su familia porque la sanidad pública, pese a ser una de las mejores a nivel mundial, está colapsada por falta de medios materiales y humanos. Hay que bajar impuestos de manera decidida, sobre todo los directos (IRPF y sociedades) para generar actividad económica, que a su vez hará mantener o aumentar los ingresos del Estado, pero no a costa de tener impuestos desaforados.

Piénsese que no por ser una joyería y tener los precios muy elevados, voy a ingresar más dinero que una frutería de barrio que tiene los márgenes más ajustados. Todo dependerá del volumen de ventas, es decir, todo depende de que haya actividad económica, empleo y el dinero pase de mano en mano lo más rápidamente posible.

Cuarto, hay que plantearse de verdad, si necesitamos tanto nivel administrativo (Estado Central, CC.AA, Diputaciones provinciales, más de 9.000 ayuntamientos, Cabildos, Consejos Insulares, Áreas Metropolitanas, Comarcas, etc, a parte de miles de empresas públicas que a veces no se sabe muy bien lo que hacen). Leía el otro día una noticia, en la cual se decía que los Diputados habían cobrado más de 1 millón de euros en dietas entre todos ellos durante el período que llevamos de confinamiento. Es curioso, que teniendo que estar confinados en casa por Real Decreto – Ley que luego ellos convalidan en el Congreso, cobren semejante barbaridad de dietas, por cierto, totalmente exentas del IRPF, cuando las del resto de mortales sólo lo están en parte.

Quinto, necesitamos seguridad jurídica en tres áreas. La primera, en la normativa o derecho positivo, es decir, hay que simplificar las Leyes (por ejemplo, tenemos unas leyes tributarias llenas de disposiciones transitorias y que se modifican constantemente y muchas veces existen 17 leyes distintas para una misma materia en cada CC.AA.

A este respecto, recuerdo una de mis épocas en la empresa privada, en la que mi jefe americano, aficionado a las actividades cinegéticas, no entendía, como puedes estar cazando en Cataluña, moverte 10 pasos y entrar en Aragón, y ya no poder hacerlo); la segunda, hay que estar seguros de que las sentencias dictadas por nuestros Tribunales de Justicia se van a cumplir en sus estrictos términos; y, la tercera, sería el dicho de que “una justicia lenta no es justicia” y hay que dotar por tanto de medios a los Juzgados para que puedan decidir rápido.

Esta seguridad jurídica, en sus tres vertientes comentadas, es necesario para atraer capital exterior a largo plazo y estable, no sólo para dar “pelotazos” en determinados sectores a base de creación de burbujas, máxime teniendo en cuenta que España como país no puede decidir sobre los tipos de interés con que se remunera al capital, competencia ésta del BCE.

Finalmente, hay que tener en cuenta que los empresarios no van a contratar más por mucho que se les obligue o se les ponga más trabas al despido, sino que van a contratar a más trabajadores si ven que el sector público ha hecho los deberes comentados anteriormente dando ejemplo, y, además, si cuando tienen dificultades económicas se les crean entornos de flexibilidad laboral y fiscal razonables. Cabe recordar, que las políticas activas de empleo son competencia de las CC.AA, que debieran actuar como auténticos intermediarios entre los desempleados e inscritos en las mismas y el sector privado, para posibilitar la creación de empleo, haciendo una verdadera selección de candidatos.

Por otro lado, ahora que estamos en plena crisis, es necesario lavar la herida y taponarla para que deje de sangrar, y, con independencia de las reformas comentadas que tendrán sus efectos a medio o largo plazo, hay que dotar de liquidez a las empresas, autónomos y familias para que puedan sobrevivir a estos meses venideros que se esperan muy duros.

Acaban de conocerse las condiciones de los avales ICO y, parece que sólo van a cubrir deudas generadas desde la declaración del estado de alarma pero no anteriores, lo cual, no creo que sea muy efectivo, puesto que la mayoría de deudas de las empresas a día de hoy proceden de operaciones realizadas con anterioridad a dicha declaración, ya que hay muchas pymes y autónomos que vendieron sus productos o servicios hace tiempo, pero que tienen por conveniente trabajar con clientes que pagan a 90, 120 ó 180 días, que cuando llegue el vencimiento del crédito no van a poder pagar.

Qué mejor oportunidad que ahora, que aplazar el pago de todos los impuestos sin intereses de demora, es decir, que los trabajadores que quedan cobrando nóminas, tras la oleada de ERTES habidos, cobren el bruto sin ninguna retención y que las empresas no deban ingresar los pagos fraccionados, el IVA, etc, hasta dentro de seis meses. Se aproxima la época de verano, crucial para uno de nuestros principales sectores económicos, el turismo, que representa casi el 15 % del PIB, y hay que meter dinero en el bolsillo de los ciudadanos y generar confianza, para que no se pierdan al menos, los tradicionales meses de julio y agosto que tan buenos resultados han venido dando al sector turístico en España.

Soy optimista por naturaleza, así lo he vivido siempre en mi entorno familiar, la gente de este país también lo es, así que dejémosles que realicen sus sueños, simplemente no poniendo más trabas de las razonables y creando un entorno favorable para ello. Eso sí, dándoles ahora un pequeño empujón, no hacia el abismo, sino hacia un gran y prometedor futuro.